El Fiscal General, Tarek William Saab, informó el pasado lunes 12 de septiembre a través de sus redes sociales, que el Ministerio Público de Venezuela “logró la aprehensión de los policías estatales de Lara, identificados como Billis Walmart y José Ángel Giménez, por haber cometido los delitos de Trato cruel y Agavillamiento contra un ciudadano en el centro de Barquisimeto” Cita el tweet reposteado por el Fiscal General.
Se conoce que la Fiscalía 21 del estado Lara, adscrita al Ministerio público, actuó bajo lineamientos de Tarek William Saab, quien ordenó la investigación de ambos funcionarios tras difundirse en redes sociales un video en donde se observa a los dos efectivos de la policía regional propiciando tratos crueles a un ciudadano, en una de las principales avenidas de la capital barquisimetana.
William Saab divulgó el video en sus redes sociales, que fue captado por un transeúnte en el que se observa a un funcionario ordenando alejar a las personas en el entorno y a otro funcionario propiciando fuertes golpes con un casco de protección motorizada, en la cabeza del agredido quien se encontraba en el suelo en el momento de la grabación, mientras en simultaneo recibía patadas del funcionario.
En el mismo material audiovisual se puede apreciar a una mujer reclamando al policía su actuación, mientras este, con gesto de autoridad, le ordena seguir con su paso, mientras su colega continuaba los actos de violencia física.
SE PUEDE GRABAR A LOS POLICIAS Y MILITARES
En vista del aumento de casos de denuncias contra funcionarios policiales y militares en Venezuela, el pasado miércoles 7 de septiembre de 2022, según indica resolución conjunta entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cualquier ciudadano podrá legalmente grabar cualquier procedimiento policial a los que sea sometido tanto él como terceros.
“Los ciudadanos y ciudadanas, en ejercicio de sus derechos constitucionales y legales, podrán realizar grabaciones de video o audio de los procedimientos a los que sean sometidos en puntos de control por parte de la autoridad policial o militar, sin que puedan ser compelidos a no hacerlo”, cita el artículo 20 del documento sobre las “Normas relativas a la instalación, supervisión, evaluación, registro y seguimiento de los puntos de control de los órganos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
Dicha resolución firmada por los ministros Vladimir Padrino López y Remigio Ceballos, cita en cuanto a la supervisión y contraloría de la actuación policial y militar que “Ninguna persona podrá ser obligada a entregar sus equipos de telefonía celular o de grabación antes, durante o después del procedimiento de verificación rutinaria que realicen las autoridades en el punto de control, ni a borrar su contenido”.
Así mismo, queda establecido en el artículo 20 que, “La retención de documentación y pertenencias, incluyendo equipos de telefonía, únicamente podrá realizarse en los supuestos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y demás legislación vigente aplicable”.
Ambos ministerios decidieron implementar esta normativa debido a “La instalación indebida de puntos de control y procedimientos al margen de la normativa aplicable por personal policial y militar”, quienes asumen en el texto citado, que dichas actuaciones “han incidido en la garantía efectiva y en la percepción de seguridad ciudadana, afectando el tránsito de personas y bienes, con consecuencias no deseadas sobre la producción y el desarrollo nacional”.
ACLARATORIA DEL FISCAL GENERAL
Sobre los casos de corrupción y delincuencia en los cuerpos policiales, en una entrevista ofrecida al canal Venevisión , el Fiscal General de la República denunció: “Montan unas alcabalas fantasmas, agarran y le aplican psicoterror a las personas, se meten es con ciudadanos comunes para decomisarles lo que llevan. Si llevan juguetes para sus hijos, comidas para sus familiares, eso es un acto hamponil. Qué he dicho yo: deben ser grabados, deben ser identificados y denunciados”.
Este proceso de denuncias contra la corrupción dentro de los cuerpos policiales tiene casi 2 años. En noviembre de 2020 en una entrevista ofrecida al medio de comunicación nacional, Venezolana de Televisión, el fiscal expuso que el FAES era la institución que más denuncias había recibido por secuestro y extorsión: “yo no entiendo qué es lo que está pasando con el FAES… eso es mentira que por ellos han bajado los índices delictivos. Mentira podrida… lo digo responsablemente y sin miedo de ningún tipo. En Venezuela eso no puede pasar”.
Ya en 2015, siendo ex gobernador del estado Anzoátegui, en entrevista con José Vicente Rangel, William Saab, argumentaba que “La corrupción policial, siempre va ser una deuda a corregir en el día a día, cuando el funcionario policial con una chapa, una pistola y un uniforme, utiliza toda esa plataforma para en vez de proteger al ciudadano, lo agrede; esto persiste en la policía local principalmente”.
Sobre la resolución de esta problemática, el oriundo de Anzoátegui, continuaba argumentando que “Esta problemática debe resolverse a través de una depuración no espasmódica sino permanente, constante, sin temor a que salgan personas vinculadas al delito, porque está comprobado que una gran mayoría de estos delitos que ocurren, están asociados a algún ex funcionario policial o a bandas que puedan existir en algunos de estos cuerpos”, concluía.
CORRUPCIÓN POLICIAL
No es la primera vez que sucede un caso similar en el que el fiscal de la República, Tarek William Saab, aprehende a funcionarios policiales por abuso de poder. A finales de agosto de este año, el Ministerio Público imputó en el estado Portuguesa a dos agentes de la Policía Estatal por trato inhumano y abuso de funciones.
De igual manera, en agosto de 2022, se presentó un hecho irregular en donde un funcionario identificado como Belén Elvis, intentó sembrarle un envoltorio de supuesta droga a una mujer. El hecho fue grabado por la ciudadana quien lo expuso por redes sociales. Luego de la publicación, Tarek William Saab, ordenó al Ministerio Público, privar de libertad al funcionario.
Otro hecho documentado audiovisualmente y denunciado en redes sociales, sucedió el pasado 21 de marzo de este año, cuando en el estado Anzoátegui, el Ministerio Público, por orden de Tarek William Saab, imputó a dos funcionarios de la Policía Municipal de Freites que cometieron abuso policial en contra de un venezolano en la Plaza de Cantaura, amenazándolo con un arma de fuego y golpeándolo repetidas veces con un casco.
